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BUENAVENTURA, LATAM, TELEFÓNICA Y SCOTIABANK lideran lista de deudores tributarios

Una decisión del Tribunal Constitucional podría determinar la prescripción de millones de soles en deudas tributarias. La minera Buenaventura encabeza el ranking de las grandes empresas deudoras, que también incluye a las investigadas Graña y Montero, Odebrecht y Queiroz Galvão, incluidas en el caso Lava Jato. 

Son 26 empresas que han pedido la prescripción de sus deudas, mientras que Scotiabank encabeza otro grupo de 132 compañías que continúan litigando sus obligaciones fiscales. En total, son 158 los que han apelado el cobro de S/9.256 millones en impuestos. El Estado no podrá recuperar este monto si prospera la demanda que el Tribunal Constitucional resolverá este martes 22 de setiembre. El proyecto de sentencia del magistrado Ernesto Blume da la razón a los demandantes, lo que podría poner en riesgo el cobro de millones a favor del Estado. Cinco votos se necesitarían para definir dicha sentencia.

Precisamente, el D.L 1421, sobre el que el Tribunal Constitucional se pronunciará, fue promulgado el 2018 con el fin de aclarar que el plazo para realizar las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan de manera lineal. Pues los 4 años de tiempo que tiene la Sunat para exigir los pagos, se cuentan desde que la infracción ha sido fijada y notificada.

Las empresas, y los que impulsan la inconstitucionalidad de dicho decreto, sostienen lo contrario. Ellos señalan que el periodo de 4 años empieza a correr desde que se inicia la inspección. De ser aprobada la demanda, el primero en beneficiarse será el grupo de 26 compañías que ya están alegando la prescripción. El segundo grupo, de 132, podrán plegarse a esta nueva interpretación cuando sus procesos avancen.

Las compañías que piden la prescripción

Son líderes en los sectores minería, banca, transporte, alimentos, salud, entre otros, y concentran S/9.256 millones de los impuestos que el Estado no puede cobrar. Las 26 compañías que han pedido acogerse a la prescripción acumulan controversias fiscales por S/3 mil 209 millones. En este grupo, la mayor deudora es Minas Buenaventura, con S/2 mil 83 millones en litigio. Esta productora de oro, plata y cobre es propiedad de Roque Benavides, el expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), un gremio que no ha escondido su oposición al decreto 1421.

Incluso el 23 enero del 2019, cuando todavía estaba en el cargo, una de sus representantes acudió al Congreso para pedir su anulación. Se trata de Lourdes Chau, socia de PriceWaterhouseCoopers (PWC), una de las cuatro firmas de auditoría fiscal más grandes del mundo, quien participó a nombre de la Confiep en la sesión del Grupo de Control Constitucional, que encabezó el entonces congresista Miguel Torres.

Roque Benavides realizó la transferencia del cargo el 30 de abril, pero ni su gremio ni Buenaventura transparentaron el conflicto de intereses que tenían al cuestionar la norma mencionada. Pese a las gestiones, no lograron que el Legislativo anule el decreto, por lo que su última opción es el Tribunal Constitucional.

Otras mineras identificadas en este grupo son la productora de cobre Southern Copper, que pertenece al millonario Grupo México, y cuyo proyecto Tía María ha generado conflictos sociales en Arequipa; y Laytaruma, productora de oro gerenciada por José Manuel Zegarra Freund.

La segunda mayor deudora es la multinacional de capitales chilenos, Latam Airlines, que busca la prescripción de S/332 millones en impuestos, y tiene otros S/18 millones en litigio. El 2016 la Sunat informó al Congreso que la aerolínea tenía más obligaciones fiscales pendientes, pero ésta envió un comunicado asegurando que dichos montos no pueden ser considerados deuda exigible hasta que culmine su revisión en instancias administrativas.

Este es el argumento que emplean las empresas para referirse a las obligaciones impagas que detecta y notifica la Sunat, luego de una fiscalización. En la jerga fiscal se les denomina reparos tributarios. No lo llaman deuda hasta que se confirma en última instancia, la cual puede extenderse hasta la vía judicial.

La tercera compañía mencionada es Telefónica; la firma española que pide borrar la exigencia de S/301 millones y mantiene controversias en trámite por otros S/57 millones. Otra empresa que pide la anulación de sus causas tributarias es la constructora brasileña Odebrecht, investigada en el marco del caso Lava Jato por el pago de sobornos para adjudicarse obras públicas, y que busca prescribir S/62 millones en impuestos.

La lista incluye a dos bancos: Pichincha, miembro de uno de los principales grupos financieros de Ecuador; Interbank, la compañía emblema del conglomerado Intercorp que dirige el millonario peruano Carlos Rodríguez Pastor. A estas se suman la Clínica Ricardo Palma, que tiene el 50% de sus acciones en manos del grupo español Quirónsalud y registra una facturación anual de US$ 100 millones.

Otras 132 empresas con controversias

Las otras 132 compañías mantienen sus deudas en litigio en la Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial, por un total de S/6 mil 47 millones, pero aún no han pedido, de manera expresa, acogerse  a la prescripción; o les falta más tiempo en el proceso para invocar esa figura.

De ellas, la que concentra la deuda más alta es Scotiabank: con S/1.076 millones en impuestos que el Estado no puede cobrar hasta que concluyan los procesos administrativos en los que se encuentra.

La sede chilena de esta entidad financiera tiene como vicepresidente ejecutivo a Francisco Sardón de Taboada, hermano de José Luis Sardón, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que resolverá la causa el martes. En una demanda constitucional anterior, que también involucró a Scotiabank, Sardón pidió abstenerse, pero en este caso todavía no ha presentado una solicitud similar.

En este grupo encontramos a 18 mineras que, según la Sunat, adeudan un total de 2 mil 792 millones. Como Antapaccay, propiedad de la gigante suiza Glencore, y protagonista de un conflicto latente con los habitantes de Espinar, en la región Cusco, quienes reclaman la consulta previa en la ampliación de su proyecto Coroccohuayco.

También está el proyecto Las Bambas, de la corporación china MMG; la Sociedad Minera Cerro Verde; la misma Glencore y su proyecto Los Quenuales, Volcan Compañía Minera, y otras más.

El sector educación tiene cinco centros de estudio que apelaron sus tributos y los mantienen en litigio por un total de S/306 millones, y son la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Tecnológica del Perú, ESAN y la Universidad San Ignacio de Loyola. El dueño de esta última es el empresario y político Raúl Diez Canseco.

Otras empresas conocidas son la tienda por departamentos de capitales chilenos, Saga Falabella; la filial de la multinacional belga AB InBev, Backus y Johnston, que concentra el mercado de la cerveza; y Gloria, la segunda empresa nacional que controla el sector alimentos.

Reactiva Perú

En ambas listas, llama la atención que un total de 45 firmas deudoras accedieron a Reactiva Perú, el programa creado para facilitar liquidez a los sectores más golpeados por la pandemia.

Una de las condiciones del plan estatal es no otorgar préstamos a las compañías que tengan deudas coactivas vigentes en la Sunat, por montos mayores a los S/4.300 (US$1.228). Sin embargo, como sus millonarias controversias están en curso, la prohibición no les aplica.

Por ejemplo, a la líder del sector alimentos, Alicorp, del Grupo Romero; y la productora de carne de aves, San Fernando. Así como la tienda por departamentos Ripley y la embotelladora Lindley, autorizada a comercializar las bebidas gaseosas Inca Kola y Coca Cola. El grupo constructor Unión Andina de Cementos (Unacem), de la familia Rizo Patrón; y la empresa de transporte Dinet, del Grupo Sandoval. Todas ellas recibieron préstamos de S/10 millones.

El origen de la demanda

En febrero de 2019, el Colegios de Abogados de La Libertad (CALL) presentó el recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Para ello, contó con la asesoría técnico-legal de dos socios del estudio Gálvez & Dolorier Abogados.

Sin embargo, recientemente el CALL emitió un comunicado anunciando que habían interpuesto ante el TC su desistimiento en el caso. «La citada acción de inconstitucionalidad fue promovida y admitida en gestión distinta a la actual», señaló el consejo directivo del gremio. Además, señalaron que no compartían los criterios que motivaron la demanda.

Como se esperaba, ese intento de desistimiento no fue aceptado, a tan pocos días de la deliberación de sentencia. Según informó el congresista Lenin Bazán, el consejo directivo del CALL estaría evaluando presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética del gremio.

 

Fuentes: Ojo Público, Wayka

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