POR EL COMPLEJO METALURGICO Paro en La Oroya: la historia detrás

POR EL COMPLEJO METALURGICO, Paro en La Oroya: la historia detrás

A la altura de un kilómetro de la Carretera Central, durante la madrugada del viernes, centenaresde trabajadores de la empresa Doe Run Perú (desde 2010 administrada por el Minem) bloquearon la carretera y anunciaron un paro provincial en Yauli para exigir al gobierno central que se les entregue el Complejo Metalúrgico de La Oroya. 

Hasta que esto ocurra, dijeron los manifestantes, el paro no cesará. Además, el paro desembocó en una batalla campal entre transportistas y pasajeros contra manifestantes. La PNP decidió no intervenir.

Luis Castillo, secretario del sindicato de trabajadores, señaló que la Junta de Acreedores del proceso concursal en el que se encuentra el Complejo Metalúrgico no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación, pese a que se había llegado a este acuerdo el 15 de setiembre. 

“Los trabajadores de la Oroya no se están aprovechando de la crisis nacional para salir a protestar. La fecha del proceso concursal estaba fijada para el 4 de noviembre con o sin crisis política”, comenta el ex alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo. “Sin embargo, la junta de acreedores suspendió 5 días su reunión, lo que ha enfurecido a los trabajadores”, añade Arredondo. “Si no protestan ahora, no se les pagará nunca sus deudas y el Complejo Metalúrgico quedará como chatarra. No habrá proceso de reestructuración y habrá una liquidación”, agrega.

EL VIA CRUCIS DE LA OROYA

“Los últimos 11 años, en los que no ha funcionado el Complejo Metalúrgico, han sido nefastos. La población de La Oroya está soportando una crisis social y económica terrible. Tanto es así que aproximadamente el 65% de la población ha dejado la ciudad en estos años. Los 3 mil trabajadores del Complejo Metalúrgico dinamizaban la economía. La Oroya se está convirtiendo en una ciudad desierta, fantasma”, comenta el ex alcalde Arredondo.

¿Cómo se creó esta problemática? Todo empieza con el conflicto del Estado peruano con Renco. Renco consideró que recibió un trato injusto de las autoridades peruanas en el proceso de cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por la inversión en el Complejo Metalúrgico a través de su filial Doe Run Perú, denunciaba que Doe Run Perú fue expropiada ilegalmente y que el Perú estaba obligado a indemnizar por los costos. 

Esto llevó a un largo arbitraje ante el CIADI y ante La Haya en que el Estado peruano salió victorioso en el primero, pero no en el segundo, donde no correría la misma suerte. 

Fuentes confirman que el Estado peruano ofreció un proceso de negociación a Renco para no incurrir en arbitrajes y poder llegar a puntos medios con el fin de que la situación en La Oroya no empeorara. Renco aceptó y pidió recurrentes reuniones con los representantes del Estado para iniciar la negociación. Nunca respondieron, a pesar de que el Estado mismo lo propuso. Hasta ahora los representantes de Renco y el Estado no se han reunido ni una vez. Fuentes señalan que Renco sigue buscando un espacio de conversación con el Estado y, de hecho, estaría dispuesto a apoyar a los trabajadores en su intento por hacerse del Complejo Metalúrgico. Renco también ha ofrecido asistencia técnica a los trabajadores en la administración del Complejo con el fin de que los trabajadores lo administren con eficiencia. El Complejo es uno de los 10 más grandes del mundo. 

A la par, Renco habría propuesto un programa de asistencia de Salud y Educación para mejorar los servicios de La Oroya. Según nos informan, frente a estos ofrecimientos no ha habido respuesta alguna del Estado.

¿Por qué el Estado no afronta el problema de La Oroya? Fuentes informan que podría existir un presunto conflicto de interés entre el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, entidad adscrita al MEF, y el estudio de abogados White & Case. 

GASTOS JUDICIALES

Los gastos del Estado peruano fueron de US$ 8.3 millones en pagos a la firma de abogados White & Case, mientras que Renco incurrió tan solo en US$3.8 millones entre honorarios y peritos según documentos públicos que las dos partes entregaron a la corte. Las fuentes informan que existirían pocos incentivos para que los estudios de abogados promuevan conversaciones y resultados fuera de las cortes. 

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