CONGRESO: Riesgos de la ley de negociación colectiva en el sector público

CONGRESO: Riesgos de la ley de negociación colectiva en el sector público

El Congreso promulgó el domingo la Ley sobre negociación colectiva en el sector público (Ley 31188), que regula el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores estatales.

César Puntriano, del Estudio Muñiz, dio a conocer los riesgos que implica la norma, que entró en vigencia ayer, lunes 3 de mayo.

Explicó que el Ejecutivo fijó las reglas para la negociación colectiva en el Estado y estableció la existencia de un informe económico financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que valoriza el pliego de reclamos, informe que la ley promulgada por el Congreso no contempla.

Según indicó, dicho documento establecía un máximo negociable en función al presupuesto de la entidad y el informe se emitía antes del inicio de las reuniones. 

Además, establecía que, si el convenio colectivo o el laudo arbitral contravenía ese informe, era nulo.

“Ese era un punto neurálgico que se regulaba en el DU 014 que hoy en día la norma actual no lo trae. Ese DU fue derogado por la Ley 31114, que también fue emitida por el Congreso por insistencia. (…) Esta ley no contempla la emisión de un informe parecido y eso es un peligro”, afirmó.

Otro de los puntos está referido al derecho de información que se requiere para iniciar el proceso de negociación colectiva. De acuerdo al Artículo 14 de la norma, el Estado, a solicitud de las organizaciones sindicales, debe otorgar información referida -entre otros puntos- a la estructura salarial por grupo ocupacional, planilla de remuneraciones de los trabajadores; así como las modalidades de contratación y planes de incorporación de nuevo personal.

“El sindicato va a tener acceso a la estructura salarial de la entidad pública con la que quiere negociar y eso es ilegal e inconstitucional porque existe el derecho del trabajador a que su remuneración no sea conocida por otros trabajadores”, sostuvo.

ARBITRAJE 

De igual manera se refirió al Artículo 18, sobre el arbitraje en la negociación colectiva en el sector público. En este punto, Puntriano indica que no se precisa en qué casos se va a acudir al arbitraje. Según dijo, la norma establece que si el sindicato decide recurrir al arbitraje, a la entidad no le quedará otra opción que acudir al arbitraje. Consideró que el arbitraje por naturaleza es voluntario.

La norma establece que la duración del proceso arbitral, incluida la notificación del laudo, no podrá exceder los 45 días hábiles.

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